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El Ejército rompe el orden constitucional: José Francisco Gallardo Rodríguez….

Forum en Línea 245

                                                                                                                                                                                    Del 1 al 15 de julio de 2012

 

 

 

El Ejército rompe el orden constitucional

 

José Francisco Gallardo Rdgz. / Reflexiones de un general posdoctorado

generalgallardo@yahoo.com.mx

 

A la visión frívola de los presidenciables sobre las fuerzas armadas. 

 

El tema sobre las relaciones civiles-militares en México históricamente ha sido intocado, dicho de otra forma los estudios sociológicos sobre las fuerzas armadas son inexistentes en nuestro país, hay de tipo histórico, de epopeya o de arsenal, y ninguno sobre el impacto que tiene la actuación del Ejército en el ámbito social, esto se debe a que el control del poder civil sobre los militares se da subjetivamente: por un partido de Estado, por la oligarquía, ahora por los poderes fácticos o del Pentágono (Iniciativa Mérida), incluso por la narcoeconomía.

Las relaciones civiles-militares en un país democrático como el que pretendemos, es un asunto de seguridad nacional. “El ordenamiento de las relaciones civil-militar, es básico para la política de seguridad nacional”. (El soldado y el Estado, Huntington, 1954). Hablo del control objetivo sobre las fuerzas armadas: el Legislativo, contrapesando al Ejecutivo en su rama militar.

Los cuatro magníficos han sostenido durante sus campañas, la permanencia del Ejército fuera de sus cuarteles, cuando el debate político es netamente civil, y los militares según nuestra Constitución tienen prohibido, absolutamente, participar en asuntos que no son de su competencia o deliberar política, como lo han hecho desde el México independiente.

Apunto, hace días a pregunta directa que le hicieron a Enrique Peña Nieto en Televisa, sobre el nombramiento de un secretario de la Defensa de procedencia civil, adelantó que NO, y afirmó que las secretarias de la Defensa y de Marina separadas, estarían bajo su mando, ya que él sería el comandante supremo.

Pues bien, ninguno tiene NPI qué es el Ejército, qué función tiene en un Estado democrático, menos que significa la relación civil-militar y por qué las fuerzas armadas deben estar subordinadas al poder civil del Estado. En México el Ejército como una organización social  compleja y profesional, que no es otra cosa, antaño ha inhibido el desarrollo democrático del país: realiza funciones exclusivas de la autoridad civil, aplica la ley, y hasta resuelve asuntos de carácter electoral: participando antes, durante y después de las elecciones, por ejemplo, en el manipuleo de las urnas, y en el golpe de Estado de 2006 para imponer a Calderón en el poder.

El Ejército fuera de sus cuarteles, rompe el orden constitucional y jurídico del Estado, impune, luego se arropa en el fuero de guerra. El tema que aquí se trata, se ventiló desde octubre de 1993 en la revista Forum 22. “Las necesidades de un ombudsman militar en México”, hoy cualquiera se cuelga el San Benito.

Vamos por partes, el nombramiento de un secretario de procedencia civil, tiene un sustento, la Sedena es un puesto político-administrativo que no puede desempeñar un militar por su formación curricular, la defensa nacional debe tener una visión política y NO militar. Lo más grave, la Sedena en una situación de conflicto se constituye en Cuartel General del Ejército que subsume a las tres ramas militares, (Manual de Operaciones), luego el Estado se queda sin la conducción de un mando civil de la defensa nacional, incluyendo la defensa militar del Estado. (Mi tesis doctoral).

Lógico es, la defensa nacional concebida y conducida bajo el poder civil desde una visión política, que incluye el manejo de las fuerzas armadas, la operación de la fuerza militar para articular la defensa militar del Estado, estará a cargo de un estado mayor conjunto, ello es una responsabilidad exclusiva que requiere de autonomía, la cúpula del poder civil no puede meter la mano durante las operaciones militares, pero sí en los resultados que persigue con los objetivos nacionales.

Otro punto, un secretario de procedencia militar en esta cartera, como lo es actualmente, tiene más poderes que el mando supremo, procura y administra la justicia militar, suple la función y la acción punitiva del Ministerio Público, define la división territorial militar, nombra magistrados, jueces y defensores, etcétera. Es decir, el Ejército es otro Estado dentro del Estado.

Así las cosas, el uso inmoral que los civiles históricamente han hecho de las fuerzas armadas, claro con la aquiescencia del alto mando militar, a través de prebendas e impunidad de actos arbitrarios, para resolver asuntos de carácter político-sociales, han llevado al colapso del sistema de defensa y seguridad, y transformado a la máxima fuerza del Estado en una amenaza a la seguridad nacional. La espada de Damocles que pende sobre la cabeza de todos los mexicanos.

Es impostergable pues, que le reforma del Estado debe pasar forzosamente por la reforma del Ejército, transitar de su función represora, de una relación de terror y miedo con la sociedad, a una relación civil-militar democrática donde el ente castrense está apartado de los vaivenes de la política y esté sometido al poder civil del Estado, al pueblo que es el sostén de las instituciones.

Para cualquiera de los postulantes si no tocan al ejército NO van a poder gobernar, en una entrega similar a ésta, después de la declaratoria de guerra de Calderón, le pronostiqué más de 50 mil muertes, el actual gobierno venga de donde venga, construirá un Estado policiaco-militar extremadamente violento bajo un mando todopoderoso sostenido por un partido político.

Estoy hablando de la desaparición de México del mapa internacional por muerte del Estado, tesis de Ratzel en 1891 en su libro Antropogeografía, donde considera al Estado como organismo vivo.

 

 

 

Ejercicio de la ciudadanía

 

Carlos Fuentes / El Espectador / Abril de 1960

Artículo rescatado por María Fernanda Campa

 

¿Qué es un ciudadano? La pregunta, como nunca en nuestra historia, posee una validez vital. Hacerla, supone afirmar que dentro del actual marco constitucional mexicano es posible, y necesario, encontrar solución a las contradicciones políticas del presente. Pero no hay Constitución que viva de la pura conmemoración retórica, ni del embeleso contemplativo de los hombres a quienes rige. La vida constitucional se funda en el ejercicio de la ciudadanía, y es a los ciudadanos –a nosotros, a usted, a mí– a quienes debe hacerse responsables si la práctica se desvía del espíritu, si la realidad contrarrevolucionaria impera sobre el deseo revolucionario, si el silencio, preludio de la sumisión, priva sobre el diálogo, aire de la democracia.

El ciudadano es el hombre que se manifiesta, que rehúye la complicidad del silencio, que se niega a aceptar el hecho consumado, que crea los conductos de la manifestación cuando éstos no existen o han sido obturados. Los errores de un régimen no le son totalmente imputables cuando la ciudadanía ha sido incapaz de organizarse para darles respuesta. La responsabilidad del actual estado de cosas en México la comparten por igual el gobierno, las clases dominantes en nuestra sociedad y las clases democráticas –opuestas a aquéllas– que no han demostrado la voluntad necesaria para ejercer los derechos elementales de la ciudadanía. No basta afirmar que el gobierno mantiene un sindicalismo sometido, que ha otorgado plena autonomía a nuestra clase burguesa, que maneja a su antojo el proceso electoral y simula los movimientos del parlamentarismo, que en él se origina la red de complicidades que hace de nuestra prensa una de las más lamentables del mundo. No: es preciso preguntar qué hacemos nosotros, cada ciudadano mexicano, para liberar al movimiento sindical, para organizar una fuerza popular capaz de oponerse a la burguesía, para manifestarnos a través de partidos y periódicos leales al pueblo mexicano, para crear esos partidos y esa prensa, para conquistar una voz en el recinto parlamentario. Si la CTM y el PRI y las asociaciones de banqueros y la prensa mentirosa y las cámaras de adorno siguen ostentándose como el rostro de México, es porque nosotros, los ciudadanos mexicanos, no hemos sabido impedirlo. Ciertamente, nuestra vida nacional es una enorme contradicción. Pero al ejercicio ciudadano corresponde aclarar, mediante la acción y el diálogo, las confusiones presentes, y no subrayarlas con un cómodo encogimiento de hombros o un puro desplante negativo. Al “¿Qué se le va hacer?”, al “No tiene importancia”, al chiste de café y al murmullo indiferente, el auténtico ciudadano opone la razón y la crítica, el diálogo, la manifestación plena y la exigencia de respuesta. Al aplauso servil e insignificante, como a la negación irracional, el verdadero ciudadano opone su derecho a preguntar, a responder, y a superar el mero desplante por el ejercicio libre y permanente de la ciudadanía. No pidamos permiso para ello. Y pensemos que la ciudadanía no se disfruta ocasional, sino cotidianamente, frente a todos los hechos y no sólo frente a los excepcionales.

 

 

 

Postración del gobierno a las televisoras

 

Aleida Calleja y Alberto Aziz Nassif / Amedi
contacto@amedi.org.mx

 

Sorda a los argumentos, las explicaciones, los datos duros, los reclamos y la historia de abusos y prebendas; ciega a la excesiva concentración y a las implicaciones de la convergencia tecnológica en la distribución multiplataforma de contenidos, la Comisión Federal de Competencia (CFC) autorizó la concentración entre Televisa y Tv Azteca a través de Iusacell.

Esta decisión se suma al conjunto de privilegios que el partido en el gobierno ha otorgado a los dos grupos que controlan la televisión comercial abierta y que ahora son socios en la telefonía y el internet móviles. Los comisionados de la CFC fueron sometidos, a excepción del comisionado Miguel Flores Bernés que voto en contra, al cambiar su negativa del 24 de enero de 2012 y aprobar el recurso de reconsideración que interpusieron ambas empresas, permitiendo la concentración.

Con su resolución los comisionados violaron la Constitución y la Ley Federal de Competencia Económica. Con esta decisión la CFC ha querido configurar un monopolio convergente que se enfrente a las principales empresas de telecomunicaciones de este país, pero con ello no protege el interés público ni el bienestar de los consumidores, sólo el provecho privado de las empresas. Ha pretendido equilibrar el mercado de las telecomunicaciones, pero erradicó de un plumazo la escasa competencia que existía en radiodifusión, fusionando a las dos televisoras que concentran la casi totalidad del mercado audiovisual.

Canjear la concentración a cambio de que las televisoras no se interpongan a la existencia de una tercera cadena de televisión muestra de manera contundente la incapacidad del gobierno para limitar el poder de las televisoras. Las condiciones impuestas por la CFC son apenas las obligaciones mínimas que se debieran cumplir en un mercado competitivo, pero en ninguna forma representan condiciones necesarias para romper con la concentración en la producción y distribución de contenidos audiovisuales, máxime si se suma el esquema de multiprogramación contenido en la política de transición a la televisión digital terrestre, el cual no requiere licitación ni contraprestación para ofrecer servicios adicionales, ni siquiera autorización por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), con lo cual cualquier nuevo competidor tendrá condiciones sumamente inequitativas, ante lo que ahora es ya un monopolio de la televisión.

Como ocurrió con la llamada Ley Televisa, esta decisión (que vuelve a favorecer exactamente a los mismos protagonistas) ocurre en medio de un complejo proceso electoral. Una vez más, la clase política, el gobierno en turno y los reguladores vuelven a ser frágiles ante el poder de chantaje de las televisoras, acrecentándolo todavía más con decisiones regresivas como la de la CFC. Se produce, además, cuando las televisoras privadas, principalmente Televisa, enfrentan una de sus mayores crisis de credibilidad, cuando está envuelta en un escándalo que ya alcanzó dimensiones internacionales, y cuando activos sectores de la sociedad reclaman la parcialidad y los sesgos informativos de las dos televisoras que ahora estrechan vínculos comerciales gracias a la obsequiosidad de quienes debieran velar por la competencia y prevenir concentraciones anticompetitivas. No hacía falta autorizar la fusión Televisa-Iusacell para comprobar el daño que el duopolio le ha infligido a la democracia mexicana; ahora ese poder se ve fortalecido y acrecentado por resoluciones tomadas bajo presiones políticas.

Todo lo anterior no puede entenderse sino como una instrucción presidencial. Es precisamente el Ejecutivo federal el responsable directo del otorgamiento de privilegios y prebendas a través de los organismos reguladores como la CFC y la Cofetel, capturados por los intereses político-electorales de la actual administración. Por eso no es extraño que Josefina Vázquez Mota haya sido la única de los cuatro candidatos a la Presidencia de la República que no respondió las siete preguntas que la Coalición Ciudadana Democracia y Medios les formuló para conocer sus propuestas en torno a la agenda de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Este ramillete de dádivas a cambio de nada, pues el gobierno ha perdido el rumbo y su partido ocupa el tercer lugar en las preferencias electorales, sólo documentan históricamente que el presidente Felipe Calderón gobernó en beneficio de Televisa y Tv Azteca. Mientras tanto, la sociedad permanecerá en espera de la democratización de los medios de comunicación. Todos estos regalos del gobierno le permitirán a Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego “vivir mejor”, pero para el resto de los ciudadanos las telecomunicaciones y los medios se encuentran peor.

 

 

 

Elecciones en peligro de legitimidad


José Martínez M. / Contracolumna

jmtzmdza1@prodigy.net.mx

 

Hace 24 años la víspera de las elecciones presidenciales de 1988, visitaba en su casa a don Emilio Krieger Vázquez a quien me unía una profunda amistad. Krieger era magistrado del tribunal electoral y fue el único que impugnó el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, razón por la que renunció a su cargo al considerar que se había cometido un fraude electoral y que, por lo tanto, el nuevo presidente de México adolecería de un severo problema de legitimidad. Tras las elecciones, Krieger hizo llegar su renuncia a los diputados del Congreso que era el órgano jurídico responsable de los nombramientos del cargo de los magistrados.

Tras su renuncia, invité a don Emilio a escribir en el periódico El Financiero, donde yo me desempeñaba como editor del área de análisis político. Le comuniqué de este asunto al director y autorizó. Krieger aceptó y escribió de inmediato un par de textos sobre legitimidad y legalidad. Krieger fue uno de los más connotados abogados constitucionalistas y maestro emérito de la UNAM. Amigo personal del general Lázaro Cárdenas, don Emilio junto con Carlos Fernández del Real, fueron los abogados de los presos políticos del movimiento estudiantil de 1968. Krieger protegió y ofreció refugio a dos celebridades: al ingeniero Heberto Castillo y al líder del Partido Comunista Mexicano, Arnoldo Martínez Verdugo, ambos perseguidos por el gobierno de
Gustavo Díaz Ordaz.

Invariablemente cuando don Emilio me invitaba a comer a su casona de Coyoacán –que antes había sido propiedad del astrónomo Guillermo Haro, esposo de Elena Poniatowska–, disfrutábamos de un par de tequilas como aperitivo, cosa que repetíamos en otras ocasiones, en especial cuando solíamos comer en la Fonda del Pato, en la Zona Rosa. Nuestras charlas siempre versaban sobre nuestra malograda democracia y nuestro corrupto sistema político.

Don Emilio fue un incansable defensor de las causas sociales, en particular de los más desprotegidos, como lo fue también su tío, el abogado tamaulipeco Emilio Vázquez Gómez, quien apoyó a Francisco I. Madero y quien lo nombró secretario de Gobernación, cargo al que renunció Vázquez Gómez con el presidente Madero. Vázquez Gómez era un liberal que no encajaba en el gobierno conservador de Madero. Como su tío, don Emilio Krieger fue siempre políticamente incorrecto. Era un agudo abogado que le gustaba llamar a las cosas por su nombre. Sin rodeos, al pan, pan y al vino, vino. Para él, Salinas de Gortari era un impostor.

Han pasado 24 años desde entonces, cuando el país experimentó una de las elecciones presidenciales más polémicas. Las elecciones del “fraude cibernético”, las de la “caída del sistema”.

La noche de la elección (6 de julio de 1988), los datos que liberaba la Comisión Federal Electoral por medio del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, se interrumpieron. A las 20:00 horas del mismo día, se presentaron en Gobernación los candidatos Manuel J. Clouthier, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rosario Ibarra, denunciando la ilegalidad del proceso. En los días posteriores a la elección se realizaron diversas manifestaciones que expresaban el descontento por la manera en que se llevó a cabo la elección.

Las boletas de votación, que la oposición exigía que se hicieran públicas para aclarar las anomalías, fueron destruidas por decisión de la Cámara de Diputados. El resultado oficial fue 50% para Carlos Salinas (9.687,926 votos), 31% para Cuauhtémoc Cárdenas (5.929,585 votos) y 17% para Manuel J. Clouthier (3.208,584 votos).

En los últimos 24 años México ha transitado por un camino de obstáculos. El PRI perdió el poder tras 71 años de gobernar de manera ininterrumpida, se sufrió el magnicidio de un candidato presidencial, se registró un alzamiento armado, el país ha atravesado un largo periodo de crisis económica y el gobierno desató una carrera frontal contra el narcotráfico que ha costado más de 60 mil muertos, un partido de oposición asumió el reemplazo del PRI en el poder, pero el PRI siguió firme sin perder su hegemonía y amenaza con regresar al poder a patadas, como fue sacado por el PAN.

¿Qué ha cambiado entonces? La respuesta es que siguen los mismos vicios: los partidos de siempre, la misma clase política, la corrupción y la impunidad; el desempleo, la marginación y la pobreza. Sin excepción en todos estos años todos los candidatos presidenciales han lucrado con la bandera de los problemas sociales, por cierto, éstos cada vez más graves.

En qué se traduce todo esto. En la falta de credibilidad y confianza en las instituciones. No hay legitimidad, no hay consenso social ni político. No hay liderazgo político. Desde los tiempos del general Lázaro Cárdenas no hay un estadista. Eso explica en buena medida porqué cada vez es mayor el número de abstencionistas. Entre 1988 y 2006, según el IFE aumentó en 20% el número de abstencionistas.

Si bien México es una democracia en cuyo sistema de gobierno la soberanía del poder reside y está sustentada en el pueblo, que por medio de elecciones directas o indirectas, elige a las principales autoridades del país, ¿por qué no hay consenso?, ¿por qué tenemos un problema de legitimidad política?

Cada vez son más millones de personas las que no votan. Por ejemplo, la falta de consensos la podemos ver en la diferencia de votos de la elección del 2006, Felipe Calderón obtuvo 14 millones 916 mil 927 votos en contra de 14 millones 683 mil 96 votos a favor de Andrés Manuel López Obrador, la diferencia fue de 233 mil 831 votos, es decir 0.56% de los sufragios emitidos, menos del uno por ciento.

Aquí hay un problema de legitimidad y aún peor si se le agregan los casi 9 millones de votos que obtuvo el PRI. Y a lo que habría que sumar a los abstencionistas. Es decir, en las elecciones 2006, el IFE registró a 71 millones 374 mil 373 electores, pero la participación fue de 58.55% de los ciudadanos empadronados. Eso significa que Calderón fue electo con el respaldo de apenas el 21% del electorado total. Es decir, Calderón contó sólo con dos de cada 10 ciudadanos con derecho a votar. Por eso Calderón recurrió a “legitimarse” con la guerra declarada al narco y el apoyo de las fuerzas armadas.

Esto plantea una crisis de gobernabilidad. Los datos son duros. Calderón ha sido un presidente sin legitimidad, como lo han sido los últimos presidentes desde Carlos Salinas de Gortari. Lo peor puede estar por venir. Aunque las encuestas digan que Enrique Peña Nieto tiene la mayoría de las preferencias de los consultados eso no significa que tenga consenso. No se trata de ganar las elecciones sino de gobernar con consensos que es igual a legitimidad.

Bien lo decía el constitucionalista Emilio Krieger, un presidente sin legitimidad puede terminar por ser un impostor.

 

 

 

Universidades, estudiantes y votos

 

Max Ortega y Ana Alicia Solís de Alba

maxortega@prodigy.net.mx

La rebelión estudiantil es contra de 30 años de neoliberalismo y de los que le dieron vida y sustento, a saber, el Estado y el sistema político mexicano. La rebelión estudiantil es contra la privatización de la educación pública, la exclusión, la recomposición social y la mercantilización sin medida de la educación privada. La rebelión estudiantil es contra los candidatos presidenciales de la continuidad del desastre nacional y a favor del cambio verdadero.

Educación superior

La reestructuración capitalista de las instituciones de educación superior (IES) se llevó a cabo mediante la aplicación de las “recomendaciones” del Banco Mundial, las que apuntaban hacia la transformación de la naturaleza y funciones sustantivas de éstas.

El objetivo buscado era doble: someter a las IES a las exigencias del nuevo patrón de acumulación y recomponer socialmente a su población estudiantil. Conforme con ello, se aplicaron seis lineamientos básicos. Reforma de planes y programas de estudios; adopción de “políticas de admisión selectiva en las universidades públicas, mediante exámenes de ingreso bien diseñados, para limitar el número de estudiantes, a aquellos que tengan más posibilidades de éxito académico”; introducción de cuotas según los niveles de ingreso (con crédito y becas basados en la necesidad y del mérito); desplazamiento de la matricula de las universidades públicas hacia las privadas mediante la reducción presupuestal y la privatización de inscripciones y colegiaturas (“Eliminar gradualmente los subsidios generales a las instituciones públicas de educación superior, reemplazándolos por becas que puedan ser usadas por cualquier institución de calidad (…) Dicha medida hará posible a las instituciones educativas particulares competir financieramente y comenzar a absorber una mayor matricula en la educación terciaria”); colocar en el centro de los procesos de investigación universitaria, las necesidades de las empresas privadas, y en lugar secundario, la solución de los “grandes problemas nacionales” (“Otorgar incentivos presupuestales a las universidades que busquen la diversificación de sus fuentes de financiamiento y, así, el ejercicio de su autonomía institucional. Debe permitirse a las institucionales establecer con el sector privado vínculos contractuales para investigaciones u otros servicios no educativos”); y establecimiento de nuevas estructuras, normas y sistemas de evaluación y control de la docencia y la investigación (“La Secretaría de Educación Pública (SEP) necesita ser fortalecida para cumplir con su papel clave como vigilante de la implementación de la política educativa nacional, en el establecimiento de normas, la evaluación de la calidad educativa, la intervención para resolver problemas en las áreas educativas menos desarrolladas”).

Final del ciclo

Después de tres décadas de neoliberalismo mexicano, el gobierno de Felipe Calderón acabó de aplicar las “recomendaciones” del Banco Mundial para la educación superior, con dos acuerdos privatizadores y electoreros. El primero, referido a las colegiaturas deducibles de preescolar a bachillerato, se anunció el 14 de febrero de 2011; y el segundo, sobre crédito universitario, el 9 de enero de 2012.

El decreto del 14 de febrero estableció que las personas físicas podían deducir el pago de colegiaturas de preescolar, de primaria, secundaria y educación media superior de su correspondiente Impuesto Sobre la Renta. La deducción sería efectiva cuando los pagos se realizaran a instituciones educativas privadas con su correspondiente autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en términos de la Ley General de Educación. Y se aplicaría a las colegiaturas para los estudios del propio contribuyente, de su cónyuge, de sus hijos o de sus padres. Los límites anuales de deducción serían según el nivel educativo: preescolar: 14,200 pesos; primaria: 12,000 pesos; secundaria: 19,900 pesos; profesional técnico: 17,000 pesos; y bachillerato o su equivalente: 24,500 pesos.

Con el Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior (Pronafies) del 9 de enero, se abrió la opción de adquirir un crédito de mediano plazo para inscripción y colegiaturas en programas de licenciatura y posgrado. El crédito que requería de un aval solidario, tenía una tasa de interés fija de 10 por ciento anual.

Estas dos medidas privatizadoras estaban ligadas al proceso electoral y tenían la intención de ganar las voluntades políticas de los sectores medios, sus supuestos beneficiarios. El peso, sin embargo, de los efectos de la recesión mundial capitalista sobre la economía mexicana, fue de tal magnitud que anuló cualquier medida de corte clientelar.

Simulacros electorales

Herederos del 68, los estudiantes mostraron, una vez más, como movimiento social, todo su poder transformador de los equilibrios políticos existentes. Desde el 11 de mayo empezaron a cambiar, entre otras cosas, las tendencias electorales.

Inconformes con la situación del país, los estudiantes organizados como #YoSoy132, anunciaron su rechazo, casi desde el principio, de Enrique Peña Nieto y del neoliberalismo. Colocaron además, en el centro del debate sobre la democracia, una exigencia esencial, la democratización de los medios de comunicación de masas.

Esas definiciones políticas y programáticas, son las que explican, por otra parte, los resultados de los simulacros electorales universitarios realizados durante los meses de mayo y junio.

 

 

 

El mito de la guerra sucia

 

Héctor Barragán Valencia

hector_barragan@hotmail.com

 

Las campañas electorales, en particular las presidenciales, son un “momento mágico” que muestra a plenitud el alma de los mexicanos: afloran las pasiones, los prejuicios, los gustos y los intereses. Nos dirigen las emociones, los sentimientos: el raciocinio es guardado para mejores tiempos. Tales fenómenos son observables en las conversaciones entre amigos y conocidos, en los miles de correos que circulan por la red, en los videos de YouTube y en los demás instrumentos de comunicación de las redes sociales. También es verificable en los artículos de opinión y en las interpretaciones de los comentaristas en la radio y la televisión.

La mayoría habla, escribe y discurre guiada más por preferencias que por razones soportadas en conocimientos. Es opinión (doxa), no ciencia (episteme). Son discursos lógicos y especulativos, pero no fundados en evidencias. Por ejemplo, se arguye que si gana el PRI no habría restauración: los contrapesos imposibilitarían una presidencia imperial. Pero una reflexión similar se le escamotea al PRD: emociones, prejuicios e intereses se disfrazan de ciencia. Por ello los estudiosos de las campañas políticas concluyen que estos ejercicios son guerras, aunque bajo otro método, en las cuales no hay pérdida de vidas. La guerra o campaña electoral –regida por la pasión, que divide a buenos y malos o pinta el firmamento de blanco y negro–, no es limpia ni sucia. El límite son la ley y la moral pública: lo que no es prohibido es permitido. Ergo, es tan limpia como un ejercicio no cruento, y tan sucia como una guerra.

Las campañas electorales apelan al alma primitiva de la persona, no a su razón ni mucho menos a su ciencia. Por ello las estrategias de campaña invocan a los sentimientos, al corazón de los electores. Los estudios descubrieron que el sentimiento más poderoso se relaciona con la seguridad. Cuando se toca tan sensible fibra, las personas solemos elegir a candidatos que propugnan políticas públicas contrarias al interés general. De manera que lo más eficaz en las campañas es jugar con esa emoción. Por dicha causa abundan maniobras como las que sostienen que tal o cual candidato “es un peligro”. Otro ardid también contundente consiste en ridiculizar o minusvalorar al aspirante a algún cargo electoral.

Así, las campañas políticas modernas son más bien un medio para observar cómo responden los candidatos a pruebas extremas. Nada desdeñable en esta hora de incertidumbre global, cuando el mundo hoy conocido puede dar un giro radical, y que quizá de poco sirvan las propuestas electorales, que por lo demás se someterán al filtro de las fuerzas políticas locales y globales. Moraleja: votemos sin temor alguno.

 

 

 

La cuestión nacional en el debate electoral

 

Gilberto López y Rivas / La Jornada

lopezyrivas@yahoo.com

 

La cuestión nacional, en la actual fase del desarrollo capitalista, se configura a partir de tres grandes ámbitos de relaciones políticas, sociales, económicas, ideológicas y culturales estrechamente relacionadas.

El primero es la forma en que las clases y sus distintos sectores conforman un sistema de hegemonía nacional, ya sea como grupo dominante o subalterno en permanente conflicto. En ese marco, es importante analizar cómo se lleva a cabo la explotación de la gran mayoría de trabajadores y la obtención de la plusvalía por un grupo dominante, que en México no pasa de uno por ciento de la población. A su vez, es necesario dilucidar el carácter de la dominación de esa fuerza laboral, el papel del Estado en el ejercicio de la violencia sistémica por la vía directa de sus fuerzas armadas, o de la disciplinada adopción de estrategias imperiales que militarizan el país y utilizan sujetos desclasados, como criminales y paramilitares, todo lo cual ha ocasionado una guerra con cerca de 60 mil muertos, miles de desaparecidos y desplazados.

Así, no se trata de adoptar una u otra política de “seguridad”, “combatir la pobreza”, o “lograr una educación de calidad”, y tantas otros ofertas de temporada expuestas en el espacio de la opacidad electoral, sin tomar en cuenta las realidades de la explotación capitalista en la transnacionalización neoliberal por la que actualmente atravesamos, donde la polarización entre pobres y ricos, hecho inherente al sistema, alcanza niveles exponenciales, y en la que la violencia estatal-delincuencial se intensifica y masifica en países como el nuestro, donde sus grupos dominantes incurren en una política de traición nacional, la cual pretende continuar Enrique Peña Nieto, con o sin la bendición del voto ciudadano.

El segundo ámbito de relaciones es la articulación de la nación con los sistemas mundiales de control económico, político y militar del bloque imperialista encabezado por Estados Unidos; el grado de dominio que las grandes corporaciones capitalistas ejercen sobre nuestra patria y sus recursos estratégicos y naturales; el control sobre su mano de obra, tanto aquí como del otro lado de la frontera norte. Aquí corresponde analizar los resultados desastrosos en México del Tratado de Libre Comercio (TLC), en todas las esferas de la economía, en la crisis del campo, en el fin de la autosuficiencia alimentaria, en el desmantelamiento de las pequeñas y medianas industrias, así como en la creciente pérdida de soberanía en otros rubros estratégicos, como los acuerdos militares y de seguridad, como ASPAN y la Iniciativa Mérida, que ni siquiera pasaron por el Congreso para su revisión y aprobación; o en la injerencia cada vez mayor de organismos de inteligencia estadunidenses en las fuerzas armadas y aparatos de seguridad mexicanos, con la espléndida justificación de la guerra contra el narco-terrorismo. Así, demandar “tratos equitativos” y “relaciones de mutuo respeto”, o “aprovechar los 3 mil kilómetros de frontera común”, sin tomar en cuenta la dependencia estructural subordinada de México a Estados Unidos, resulta, por lo menos, una quimera.

El tercer ámbito remite a la composición étnica y a las relaciones de género al interior de la nación, manifiesto en la presencia histórica y permanente de diversos pueblos indígenas, en la subsistencia del racismo, el sexismo y la discriminación de variados alcances, también intrínsecos al capitalismo; en la sobrevivencia de estructuras preferentes de explotación y dominación al interior de las clases, que González Casanova ha denominado colonialismo interno, que hace posible que los más excluidos y oprimidos sigan siendo, en pleno siglo XXI, los pueblos originarios, quienes, no obstante, resisten creativamente las políticas del capitalismo con base en autonomías de facto, en las que se ejercen formas renovadas de democracia directa que la clase política desprecia olímpicamente, observando a la alteridad sólo desde la óptica del paternalismo y los “sujetos víctimas”.

Estos diagnósticos de los grandes problemas nacionales que enfrentan millones de mexicanos, como la guerra y sus secuelas, la pobreza e incluso la miseria de más de la mitad de la población, en tanto que productos de la sobrexplotación capitalista, así como la violencia sin límites que pretende causar terror, la impunidad de los perpetradores de toda clase de crímenes, incluyendo de lesa humanidad, la injerencia y el dominio imperialistas, etcétera, son negados, diluidos, fragmentados, manipulados, aislados desde la distorsión electoral, de tal forma que el “debate” deviene en juego ilusorio, en una sala de espejos o en una reunión de autistas donde cada personaje expresa su versión del país, sin realmente escucharse entre sí, o tomar en cuenta a quienes los escuchan, sino más bien siguiendo una “estrategia de campaña” que los asesores o los propios candidatos conciben en función del valor de su producto en un mercadeo de votos mediado por el duopolio televisivo, las encuestas manipuladas y un IFE sin autoridad moral y política. Y sin embargo mi observación no constituye, en modo alguno, un llamado a la abstención.

Pero de ahí el hartazgo que se expresa en los jóvenes de #YoSoy132 y en quienes por décadas han tratado de cambiar el rumbo del país, desde muy diversas posiciones políticas e ideológicas, y algunos de ellos, a partir de todas las formas de lucha. Es alentador que la continuidad con las luchas sociales del pueblo mexicano se exprese explícitamente desde el movimiento juvenil que irrumpió en mayo. La memoria se constituye en acervo que servirá para paliar los ataques que ya están recibiendo desde el poder. Es evidente que lo fenoménico no puede ocultar lo estructural. Que los deseos no suplan el rigor del análisis para tener un plan “B”, en un escenario, nuevamente, de fraude y represión, recordando que sólo en el pueblo radica la soberanía de la nación.

 

 

 

 

Los riesgos con el PRI de Peña

 

Joel Ortega Juárez / Milenio Diario

joeloj7168@yahoo.com.mx

 

Si los votantes de El Peje son de izquierdas, los del PRI de Peña Nieto son restauradores. La gran mayoría de sus electores tienen una nostalgia pragmática: el PRI es corrupto, pero reparte; es represor, pero mantiene la estabilidad; con él no había violencia como los 60 mil muertos con Calderón; había crecimiento aunque hubiera crisis como las del 76, el 82 y la del 94-95; de qué nos sirve la democracia si hay tanta pobreza; con el PRI se respetaba la investidura presidencial y México era respetado en el mundo. Muchos otros lugares comunes, como los anteriores, unas medias verdades o abiertas mentiras, constituyen ese pensamiento restaurador.

Algunos consideran inviable una restauración del viejo régimen, argumentando que ya no existe el presidencialismo imperial, hoy existe un equilibrio de poderes; desde 1997 no hay mayoría absoluta en el Congreso de la Unión; hay una docena de gubernaturas no priístas; hay una libertad de expresión nunca vista en la dictadura perfecta y otros logros democráticos indiscutibles.

Sin embargo, uno de los tres pilares del viejo régimen continúa intacto: el corporativismo. No sólo eso, Enrique Peña Nieto lo ha defendido en distintos momentos, presentando algunas de sus lacras como conquistas de los trabajadores; es el caso de las cuotas sindicales obligatorias que se entregan a sus dirigentes, de la existencia de las cláusulas de exclusión, de la titularidad de los contratos colectivos y toda la red corporativa establecida en las leyes en beneficio de los charros sindicales que anulan la libertad sindical.

Peña Nieto se opone a la despenalización de las drogas, postura que lo asocia con la fracasada política punitiva de Felipe Calderón, cuestión central en nuestro momento.

El candidato del PRI procede de uno de los grupos políticos más articulados al viejo régimen, como lo es el Grupo Atlacomulco. Esta cuestión no es anecdótica, como otros rasgos de su personalidad construidos mediáticamente.

Peña Nieto es también el líder del gubernaturismo que sustituyó al presidencialismo y que permanece en 20 estados de la república, donde el antiguo poder absoluto presidencial lo asumieron los gobernadores.

El PRI sigue gobernando autoritariamente todas las universidades públicas del país, entre ellas la UNAM, con excepción de la Autónoma de la Ciudad de México, su democratización es una asignatura pendiente.

Impedir la restauración del viejo régimen es una tarea que rebasa el 1 de julio, gane quien gane.

 

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Esta entrada fue publicada el 1 de julio de 2012 por en Seguridad e inseguridad.

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