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Sindicatos, instrumentos esenciales para corregir pobreza y desigualdad: Bensusán

Forum en Línea 243

                                                                                                                                                                     Del 1 al 15 de junio de 2012

 

 

 

Sindicatos, instrumentos esenciales para

 corregir pobreza y desigualdad: Bensusán

 

Aura Perroni / Flacso

aura.perroni@flacso.edu.mx   www.flacso.edu.mx   Twitter: @flacsomx

 

En América Latina los sindicatos son un instrumento “esencial e irremplazable” en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social frente a la economía globalizada, declaró la politóloga Graciela Bensusán al dictar la conferencia ¿Declinación o revitalización sindical? México en el escenario latinoamericano, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México (Flacso).

La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X) y profesora de tiempo parcial en Flacso México, señaló que a mediados de la década del 2000 en Argentina, Brasil y Uruguay se experimentó un proceso de revitalización sindical “gracias a la llegada de partidos de centro-izquierda con fuertes vínculos con los sindicatos, que tuvieron efectos positivos en el diseño de políticas laborales y crearon condiciones propicias para el fortalecimiento de la negociación colectiva”, afirmó.

Graciela Bensusán presentó, basada en datos de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), que los países que han tenido un mayor crecimiento sindical de 1995 a 2010 son Argentina, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay; mientras que Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala y México presentan un estancamiento o debilitamiento en el poder de sus sindicatos.

El estudio destaca que la combinación de gobiernos de centro izquierda con sindicatos fuertes generó una distribución más equitativa en los ingresos, mientras que las coaliciones de centro derecha limitaron la acción sindical y produjeron o mantuvieron inequidad en la distribución de recursos. Una mayor presencia de legisladores provenientes de las izquierdas favoreció la adopción de políticas sociales con alcance universal, lo que abonó en una menor desigualdad.

Sobre el caso mexicano, la investigadora Bensusán explicó que la alternancia presidencial se tradujo en mayor autonomía de los líderes sindicales pero que ante la debilidad de la democracia interna y la rendición de cuentas, se condujo a una degradación del corporativismo sindical tradicional. La conservación del “viejo arreglo corporativo” impidió la consolidación de un nuevo sindicalismo y, por tanto, la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones que afectan sus intereses.

Para Bensusán, los problemas centrales que impiden la revitalización del sindicalismo mexicano son la baja calidad de la democracia en los sindicatos, la ausencia del estado de derecho, la falta de una reforma del Estado y de su papel en el control corporativo, así como la preservación de un modelo fallido de crecimiento económico.

“Elba Esther Gordillo fue una de las principales beneficiadas por la alternancia, a través de un liderazgo estratégico con innovación política que la llevó a generar recursos políticos, económicos y beneficios para sus agremiados, pero sin democratización real, sin transparencia y con una pérdida de legitimidad ante la opinión pública”, declaró la conferencista.

Bensusán destacó que a diferencia de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, México mantiene desde los años 80 una política restrictiva del salario mínimo que lo coloca entre los más bajos de la región. Por otra parte ha limitado la capacidad de negociar mejores salarios a través de la contratación colectiva, ya que el 90 por ciento de los contratos son simulados.

“Los rasgos distintivos del régimen sindical heredados de los años de la Confederación Regional Obrera Mexicana (fundada en 1918) generan mayorías artificiales, pervierten el sentido de la representación y se reproducen a través del apoyo gubernamental, empresarial y del supuesto sistema tripartito de la justicia laboral”, enfatizó la politóloga.

Al terminar su participación, el 22 de mayo, la especialista precisó que el cambio de modelo laboral y económico es un factor central para que los sindicatos ganen poder de negociación en el mercado de trabajo a través de empleados calificados, mayor empleo formal y tolerancia empresarial ante los incrementos salariales, con el interés de fortalecer los mercados internos o de promover la exportación con base en mayor valor agregado.

“La pregunta es si ante la degradación y el desprestigio sindical existentes en México, aún con la llegada de un gobierno de izquierda y un profundo rediseño institucional, este actor podrá recuperarse y convertirse en un instrumento de lucha por políticas redistributivas de mayor calado”, concluyó Graciela Bensusán.

 

 

 

Educación, generales y narcotráfico

 

José Francisco Gallardo Rdgz. / Reflexiones de un general posdoctorado

generalgallardo@yahoo.com.mx

 

A mis perseguidores. El verdugo de hoy, será la víctima del mañana.

 

Muy lejos de los escenarios alternos para la solución o control de la inseguridad en México o del narcotráfico, como los asuntos de carácter social y de justicia, el Ejército combate en una guerra sin sentido que dispersó y especializó al crimen organizado.

El precio, para las fuerzas armadas, criticadas y bajo presión por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de operaciones contra el narcotráfico, es demasiado alto porque además involucra en el narcotráfico a los generales diplomados de estado mayor: Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia y Roberto Dawe.

Así las cosas, la clave para entender el comportamiento castrense, reside en el sistema educativo, el agente básico del país para la profesionalización militar.

El Heroico  Colegio Militar es el único y primer paso en un proceso bien establecido. Otras tres instituciones juegan un importante papel en el adiestramiento y proceso de socialización del Ejército y Fuerzas Aérea: las escuelas de aplicación, la Escuela Superior de Guerra y el Colegio de Defensa Nacional. Para los oficiales navales, la experiencia educativa es de algún modo menos homogénea, no porque la mayoría de los oficiales no pasen por el Colegio Naval, seguido por sus equivalentes a la Escuela Superior  de  Guerra, el Centro de Estudios Superiores Navales y el Colegio de Defensa Nacional, sino porque acepta la entrada lateral tanto para las filas de tropa como para oficiales del medio civil. (Ackroyd, William S. The Military in Mexican Politics).

El folleto de admisión del Heroico Colegio Militar de 1965, afirma que “el cadete desde su ingreso hasta su graduación como oficial del Ejército Mexicano, en todo momento, vive en un ambiente en el cual sus actividades han sido cuidadosamente planeadas para desarrollar las cualidades personales que la institución desea inculcar, particularmente la lealtad”.

El Heroico Colegio Militar es esencialmente una escuela de lavado de cerebro. Su objetivo más importante es producir oficiales sin pensamiento que obedezcan a la autoridad; realmente diría unos robots. Ackroyd señala que la función del Heroico Colegio Militar, pilar de la formación militar, “no es la educación per se, sino el desarrollo de un espacio común para que los oficiales compartan sus experiencias, contribuyendo así a la comunicación y la comprensión. La profundidad y el alcance de este sistema educativo van más allá que otros”.

Ackroyd agrega: “El cuerpo de oficiales en México, aun para los estándares del Ejército de Estados Unidos, está sujeto a una extrema regla  de  disciplina militar y autoridad. En el contexto mexicano, la disciplina militar significa no cuestionamiento, deferencia ilimitada y obediencia a los superiores, ninguna orden es cuestionada y ninguna acción es tomada sin la anuencia de un superior.

 

“Las características de procedimiento en la toma de decisiones internas en la milicia no sólo limita severamente la iniciativa de los oficiales, sino que refuerza la obediencia a la autoridad superior. Los oficiales que abiertamente cuestionan la decisión de un superior son calificados por tener una actitud problema. Tal calificativo puede obstaculizar toda su carrera y se resignan a aceptar la perspectiva de una carrera limitada”.

Roderic Ai Camp apunta que la contribución más significativa que ha hecho la Escuela Superior de Guerra a la formación del cuerpo de oficiales “es el fomento de la obediencia a la autoridad y a la autodisciplina”.

Así las cosas, el oficial que logra completar el programa en la Escuela Superior de Guerra, “es el que tiene voluntad para subordinarse totalmente al sistema, y tiene la voluntad de hacer hasta el último sacrificio, es un individuo que sabe qué recompensa tiene el sistema para ofrecerle”.

Los oficiales que se convierten en parte del sistema deben tener tres condiciones: El valor dominante debe ser la voluntad individual de subordinarse totalmente a los que tienen autoridad sobre él. La expectativa de que la sumisión será premiada y de que la independencia será severamente castigada; La motivación primaria, asegurar las recompensas que el sistema ofrece.

La influencia de los instructores en la Escuela Superior de Guerra es abrumadora. Una clase aprende pronto que todos sus miembros deben hacer sacrificios, como grupo, para asegurarse de que el instructor tenga hacia el grupo una actitud positiva. El trabajo de grupo y la trampa en los exámenes o en los proyectos escolares individuales son la norma más que la excepción, porque no se considera que eso sea deshonesto, sino que se interpreta como un medio de sobrevivencia.

La Escuela Superior de Guerra produce oficiales que obedecen órdenes sin cuestionarlas y sin pensar para nada en su legalidad. Un oficial describe: casi todos nuestros condiscípulos son inteligentes, profesionales, articulados en el hablar. El sistema los está puliendo (domesticando) hasta hacerlos servidores totalmente obedientes, incapaces de tomar una decisión, mientras los seduce con gratificaciones económicas. El producto es la lealtad al presidente en turno. El juramento formal que hacen los graduados de la Escuela Superior, como se expresa en los reglamentos de diciembre de 1987, establece que la lealtad, la honestidad, la dedicación y las demás cualidades de un oficial del Ejército debe redundar en beneficio de las fuerzas armadas, en primer lugar, y en beneficio de la patria, en segundo lugar.

 

 

 

Invasión judicial de EUA en México

 

Marivilia Carrasco / Msia Informa

maricarr@prodigy.net.mx

 

En una acción fulminante, el pasado 15 de mayo, fue detenido y presentado ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el respetado general de división diplomado de estado mayor en retiro, Tomás Ángeles Dauahare, exsubsecretario de la Defensa Nacional de 2006 al 2008. Como parte de una secuela de arbitrariedades, él sufre un arraigo judicial de 40 días prorrogables, mismos que podrán servir para fincar responsabilidades que no eran demostrables en el momento de su detención. De acuerdo con su abogado defensor el general fue incomunicado durante las cruciales primeras 72 horas y hasta el momento se le negó el derecho de nombrar a su propio defensor. Ante la puesta en duda sobre la legalidad y legitimidad de la detención, la Procuraduría General de la República (PGR) se ha limitado a decir que existen hasta 12 testimonios que lo señalan como vinculado a los cárteles de la droga.

La barbarie judicial que envuelve el caso se ubica en el marco del progresivo sometimiento de la seguridad de México al paraguas estratégico del Comando Norte (NORCOM). En realidad a consecuencia de la pérdida de la soberanía que ocurrió al anexar al país al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ocurrieron cambios jurídicos que de plano convirtieron a la PGR en un enclave del ominoso NORCOM, que tiene la capacidad de imponer acciones extrajurisdiccionales.

En medio de la crisis estratégica y financiera internacional, el poder angloamericano está aún, sin embargo, en capacidad de ejercer su tambaleante hegemonía y perseguir el mando centralizado del Hemisferio Occidental y, evidentemente, obtener el control directo o indirecto de sus recursos naturales, en particular de sus fuentes de energía, lo que le permitiría avanzar en la guerra global por recursos que se libra.

La detención del general Ángeles indica sin duda el inicio de la segunda fase del nuevo orden mundial inaugurado por George Bush y Margaret Thatcher con la invasión a Panamá y la detención del general Manuel Antonio Noriega en 1989. Entonces, como ahora, pese a su deliberado debilitamiento, las fuerzas armadas (FA) –baluarte del nacionalismo– continúan siendo un obstáculo para la realización de tales planes oligárquicos.

Lejos de lo que algunos piensan en el sentido de que esta detención junto con la de otros tres oficiales del Ejército, pone en entredicho la defensa que ha hecho Felipe Calderón de su estrategia y su “legado” en materia de seguridad, la realidad es justo lo contrario. Esta perversa maniobra apoya la estrategia conjunta que favorece el intervencionismo estadunidense y de ocupación del territorio nacional que encontraría un Ejército dividido y sin oficiales de las FA de México que les ofrezcan resistencia.

La orden es descabezar

Dauahare no sólo pertenece a una familia de destacados generales mexicanos, sino que en su amplia hoja de servicio se distinguió por ser un firme defensor de la soberanía nacional cuando ésta se puso en entredicho en momentos cruciales. Por ejemplo, cabe destacar su crucial participación en detener exitosamente, siendo agregado militar en Estados Unidos (1993-1994), el intento de parte del gobierno de George Bush de imponer una fuerza supranacional para intervenir en países de Iberoamérica supuestamente en “defensa” de la democracia. No es difícil suponer que por ésta y otras actitudes semejantes, el stablishment y sus sectores de inteligencia quisieran saldar cuentas con el general. Divisionarios como él son los que llevaron a afirmar al exembajador de EUA en México, Carlos Pascual, que “el Ejército era lento y reacio a actuar”, desde luego, bajo la órdenes de un poder extranjero.

La presente maquinación se da además en medio de un proceso electoral de mucha envergadura para el futuro de México, en el que dicho general podría tener un papel relevante en el proceso de recuperar la dignidad de las FA con cualquiera de los candidatos presidenciales que se oponen al partido en el gobierno.

En una situación donde imperan en la opinión pública grandes dudas sobre la transparencia de la guerra contra el narcotráfico, afectando lo que será la sucesión presidencial, se decía insistentemente que el gobierno planeaba un golpe espectacular que ayudara a recuperar la credibilidad de la eficiencia de su estrategia en el combate a los cárteles, implementada en conjunto con el NORCOM y basada en el uso y abuso de la fuerza.

También es ampliamente conocido que el general Ángeles es un opositor a la estrategia del gobierno y en particular del secretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna. Su detención ahonda la división existente en las FA de México no sólo en torno a la forma en que se ha implementado el combate contra el crimen organizado, sino sobre todo a la supeditación y servilismo hacia los servicios de inteligencia del vecino del norte. Por lo pronto, en abono de esa estrategia capitulacionista se ha obligado el respaldo de la cúpula de las FA a la detención del general y otros oficiales, incluida la decisión de permitir por primera vez que sean juzgados por autoridades civiles y no por la justicia militar.

En el marco de la campaña electoral e invitado a participar el 9 de mayo en el foro Seguridad y Justicia, organizado por la Fundación Luis Donaldo Colosio perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ángeles habló breve y serenamente para desnudar la estrategia fundada en el uso y abuso de la fuerza.

Dauahare sostuvo: “Estamos combatiendo al enemigo (crimen organizado) en su fuerza, y al enemigo no se le combate en su fuerza, se le combate en su centro de gravedad. Un ejemplo es la guerra de Vietnam, Estados Unidos perdió la guerra en las calles de sus ciudades, no en los arrozales de Vietnam, allá estaba la fuerza… nosotros lo que estamos haciendo en México es combatir al enemigo en su fuerza y nos estamos desgastando…”

En contraste, planteó que “el primer gran paso es establecer objetivos de seguridad para tener rumbo, a continuación, ahora sí, establecer las estrategias, las políticas y las líneas de acción seguras que nos llevarán a la consecución de esos objetivos; no estar dando brochazos por diferentes circunstancias a través de líneas de acción que nos llevan a veces a la nada”.

Concluyó proponiendo que quien debe salvaguardar la seguridad es una guardia o policía nacional con una doctrina policiaca que le de unidad de criterio a todos las policías del país, en técnicas tácticas-operativas: “Involucrar a toda la sociedad en la solución de este problema, hacer un uso coherente y racional de los medios de comunicación masivos, estableciendo una política de comunicación institucional, controlar a las agencias de seguridad privadas, con estructura orgánica y funcional, controlar a las armas, que hay muchas en el país.”

Sicarios de la DEA

Hasta el momento no existen evidencias claras, por lo menos públicas, de cargos que justifiquen el encarcelamiento del general Ángeles. Es una trama de la DEA. Ésta colaboró en las investigaciones de inteligencia para detener en su casa al exsubsecretario de la Defensa, dejando en claro el interés particular en este caso como parte de la aviesa y creciente injerencia que EUA tiene en asuntos de seguridad nacional con el beneplácito del gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con fuentes de la PGR, quien fuera el segundo hombre de mayor importancia en la Secretaria de la Defensa Nacional “ha sido investigado” desde hace algunos años por la DEA por “presuntos nexos” con el cártel que comandan los hermanos Beltrán Leyva. Los escuálidos datos de que disponen se limitan a la declaración de un par de “testigos protegidos” por la PGR y la DEA, uno de los cuales dice “saber de oídas” sobre supuestos vínculos con esa organización delictiva. Los testigos protegidos de este tipo se han convertido en un arma letal al servicio de una política bien definida. Convirtiéndose más tarde en rutina ésta mal disfrazada protección, contribuyó, en parte, al florecimiento de los cárteles.

El conocido periodista Francisco Garfias en su columna del periódico Excelsior del 17 de mayo, afirmó que: “Las fuentes aseguran que el asunto viene del procurador de EUA, Eric Holder, el mismo de Rápido y Furioso.”

Como se recordará, la escandalosa operación Rápido y Furioso ejecutada por la DEA, con la anuencia de Holder, en territorio mexicano, tuvo como resultado el aprovisionamiento de armas de alto poder a las mafias de las drogas. Tal maniobra tiene su DNA en las acciones clandestinas e ilegales de intercambio de drogas por armas llevadas a cabo por los servicios de inteligencia estadunidenses en América Central, en la década de los 80, conocida como Irán-Contras.

 

 

 

Operativos conjuntos

 

Raúl Moreno Wonchee / La nave va / El Nuevo Mexicano

wonchee_r@yahoo.com.mx

 

Biden los encontró blanditos. Me refiero al vicepresidente de EU Joseph Biden que hace un par de meses vino, lo fueron a ver y venció a los entonces precandidatos. No me refiero aquí a la precandidata pues fue su jefe, el presidente Calderón, el que dio el visto bueno –¿quién más, si no?– a la injerencia estadunidense en la contienda presidencial.

Blanditos, obsecuentes y con el único deseo de que el vice los certificara, los hoy candidatos sacaron de sus agendas el tema crucial de la soberanía. Luego vinieron las deposiciones frente al Consejo del City Bank,  a don Benedicto, a los obispos constituidos en junta, a los vicarios de la banca extranjera. Ahora llegó el turno de la injerencia.

La DEA acordó con la PGR arraigar al general de División Tomás Ángeles Dauahare, distinguido militar de impecable trayectoria, de gran prestigio en el Ejército y en los círculos académicos y diplomáticos, que además de subsecretario de la Defensa fue director de inteligencia y educación en el instituto armado.

Sin prueba alguna y con el puro valor de la palabra pura de testigos (delincuentes) protegidos adscritos a la nómina de la DEA , la PGR acometió la villanía. La señorita procuradora declaró que el lance carecía de intenciones electorales. Aclaración no pedida… en fin, todo indica que el operativo conjunto fue la respuesta al general Ángeles por sus críticas puntuales a la política de guerra del presidente Calderón y por haberle presentado al candidato tricolor una propuesta sobre seguridad pública en la Fundación Colosio.

Y el caso Yarrington es otro operativo conjunto.

 

 

 

Generales arraigados con ardides

 

Rodolfo Sánchez Mena / Juegos de poder

sanchezmena@yahoo.com

 

El gobierno de Felipe Calderón optó por encarcelar a generales en retiro en lugar de exgobernadores priístas, como  recurso desesperado para reforzar su guerra contra el crimen organizado y tratar de mantener el poder  con la alianza PAN-Morena.

Calderón apostaba presentar al Chapo como ejemplo del éxito de su campaña contra el narco. En vez de ello, lanza una cortina de humo, para ganar tiempo, al acusar al Ejército de estar infiltrado por un cártel, disminuido, y  aprender a generales.

La PGR anuncia una nueva operación limpieza, como la del 2008 en la SIEDO. Detendrán a más militares y personal de la Secretaria de Seguridad Pública y de la PGR.

La redada de militares que organiza Calderón conduce a situaciones inciertas, desestabilizadoras, en el transito de las elecciones presidenciales y del cambio de poderes, mandatados constitucionalmente.

Calderón afecta a la institución armada del Estado, sometida al desgaste de la guerra contra el narcotráfico, dictada desde fuera y que busca su remplazo, por una fuerza que dé apoyo a corporaciones extranjeras para saquear más a México y reprimir toda disidencia contra un Estado militarizado.

Fuera del escenario de diversión montado por Calderón, el país vive el terror y la violencia desbordada, producto del avance de Los Zetas, que se consolidan hegemónicamente al extender su dominio corporativo de negocios, desde el territorio estadunidense hasta el Canal de Panamá, como lo anuncia con beneplácito la correduría Stratfor, la CIA en las sombras

Los generales Tomás Ángeles Dauahare,  Ricardo Escorcia y Roberto Dawe, así como el teniente coronel, retirado, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto han sido arraigados por 40 días, acusados por testigos protegidos de vínculos con el crimen organizado, Primera Fase de la Operación Limpieza de la SIEDO, 2007.

El tema militar es central en el debate (evadido) de la sucesión presidencial. La propuesta de modernizar a las fuerzas armadas, integración de la Defensa, Marina y Fuerza Aérea con un solo mando y un estado mayor conjunto; la rotación de su mando; y hasta la posibilidad de un civil al frente de la secretaría integrada;  el nuevo proyecto de seguridad pública y nacional, y su instancia operativa, una gendarmería nacional, son asuntos medulares del próximo gobierno.

El general Ángeles participó, junto con otros siete especialistas, en un encuentro de Seguridad y Justicia, 500 participantes, organizado por César Camacho, presidente de  la Fundación Colosio del PRI, el 9 de mayo en el estado de San Luis Potosí.

Sostuvo, públicamente, la carencia de objetivos definidos en la lucha contra el crimen. Planteó que no existe una estrategia de seguridad nacional; por eso no se tiene  rumbo; y por lo tanto  las líneas de acción no conducen a ningún sitio.

Propuso crear una policía nacional o una guardia nacional. Seguir tres pasos. Primero, definir objetivos de seguridad; visualizar a dónde vamos. Segundo, plantear estrategias y políticas; línea de acción. Tercero, establecer el órgano;  garantizar la consecución de los objetivos de seguridad.

El nuevo organismo que relevaría la PF, dotaría de doctrina policiaca y daría “unidad de criterio a todos los policías del país en el pensamiento, la acción, en el sentimiento, en las tácticas operativas y policiacas”.

Dada la relevancia de un subsecretario de la Defensa, el más alto rango que se pretende procesar en el caso del general Ángeles, se ha desatado una campaña mediática para presentarlo como negligente, filtrador, y hasta responsable del fracaso de Calderón y de sus operadores en materia de seguridad e inteligencia.

Se le niegan sus derechos constitucionales; se le acusa de usar su libertad de expresión. Inclusive, se le reclama hasta tener una esposa preocupada por la seguridad y libertad de su marido. La más grave acusación es recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se le considera instancia operadora contra la imagen de la institución armada.

Calderón recurre al expedientazo con testigos protegidos y la intervención de la DEA,  para alargar un poder que se le va de las manos y que nunca ejerció en bien de los mexicanos.

Al cuarto para las 12, la PGR se involucra en operaciones electorales, así lo hizo en el caso del  michoacanazo; posteriormente, con el segundo secretario de Gobernación, ejecutado en el operativo de la empresa ByzJet, Blake Mora, encargado de la tortuosa maquinación contra el exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon. Los jueces dejaron en libertad a  todas las victimas del poder, declarándolas  inocentes.

Calderón terminó haciendo el ridículo al demostrársele los propósitos de venganza contra su paisanos por no hacerlo gobernador y para que Hank no se presentara como candidato a gobernar el estado lavandería del PAN. Los generales inculpados por Calderón demostrarán su inocencia y saldrán libres.

Calderón, no es un secreto, había preparado expedientes para encarcelar a tres exgobernadores de Tamaulipas, con propósitos de alterar el proceso electoral. Procesar a dichos gobernadores, presenta escenarios de riesgo reversibles por sus fuertes vínculos con poderosas familias texanas; al recurrir a la detención de militares sirve hasta el último minuto, para tratar de prolongar la guerra en tiempos electorales.

Calderón decidió aprender a militares en vez de políticos, con el propósito de extender transexenalmente la guerra, la violencia y miles de nuevas muertes de mexicanos. Busca impedir que el triunfador de las elecciones presidenciales, al ser declarado presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se dé a la tarea inmediata de conducir a la nación rumbo a la paz;  remplace la estrategia fallida y al aparato que promueve la violencia y a los hombres responsables de su ejecución.

La apuesta de Calderón de arraigar a tres generales, más los que se acumulen, conduce a situaciones desestabilizadoras en el transito de las elecciones presidenciales y del cambio de poderes.

Calderón afecta  a la institución armada del Estado, sometida al desgaste de una guerra contra el narcotráfico, dictada desde fuera y que busca disolverla por su lealtad a México. Construir un aparato de ocupación en apoyo de las corporaciones extranjeras.

La historia contra los generales detenidos proviene del 2008, a partir del testimonio de dos testigos protegidos. Uno de ellos, el 19, alias Jennifer, cuyo nombre es Roberto López Nájera, un acapulqueño en manos de la DEA que ofrece testimonio vía satelital, acusa al general Ángeles.

El 19 era el operador de Edgar Valdés Villarreal, La Barbie, del cártel de los Beltrán Leyva. El 19 fue detenido por manejar a exceso de velocidad en la carretera de cuota Toluca-Interlomas, por un policía federal que le encontró un arsenal en el auto; los miembros de la SIEDO pagados para otorgar protección al cártel, trataron de rescatarlo; ello condujo a la Operación Limpieza que precipitó la detención del jefe de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, y la salida del procurador Medina-Mora, designado embajador en Londres.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, expulsó a los agentes de la DEA por fomentar el narcotráfico. Lo mismo sucedió en Venezuela y Ecuador. Los agentes de la DEA expulsados fueron relocalizados en Argentina en la embajada estadunidense, hasta que la presidenta de Argentina procedió a expulsarlos.

Los agentes de la DEA en Bolivia acreditaron un largo historial de acciones ilegales,  operaciones encubiertas, bombardeos, persecución y allanamientos con destrucción en comunidades, secuestros, torturas y asesinatos e incluso acciones de desestabilización.

Los testigos protegidos por la DEA usados contra los generales arraigados,  promueven la ocupación del territorio nacional  por las  múltiples  agencias de inteligencia y militares extranjeros, en calidad supuesta de asesores, a consecuencia de que Calderón les autorizó  ingresar al suelo patrio.

Los intereses de los proveedores de armas y de los bancos lavanderos alientan la continuidad de la guerra contra el narcotráfico;  pretenden ampliarla y hacer partícipe al Ejército de la escalada de la guerra contra el narcotráfico en Centro y Suramérica.

El problema de regresar a los cuarteles a las fuerzas armadas sólo radica en el establecimiento de una seguridad pública y nacional de carácter constitucional, pero lo inmediato es el retorno de agentes y militares estadunidenses a su país, como ya  están abandonando Irak y Afganistán.

 

 

 

Peña en manos de gobernadores
Renato Consuegra / A vuelapluma / La Otra Opinión

renatoconsuegra@yahoo.com.mx   Twitter: @renatoconsuegra   Facebook: renatoconsuegra
I. La efervescencia político-electoral desquicia, excita, aturde y por momentos enloquece los sentidos. Quienes parecemos estar informados, pocas ocasiones lo estamos verdaderamente o sólo escuchamos y retenemos lo que nuestros ojos quieren ver y nuestros sentidos conocer.

Hoy con la revolución de las redes sociales el clamor se incrementa porque, a la par de la información tradicional, expresada en los medios de información periodísticos, existen grupos que, trabajando o convencidos por algún candidato, intentan decirnos quién es el mejor o peor.

Sin embargo, hasta para quienes presumimos de estar bien informados pasan inadvertidas muchas jugadas, jugarretas y, si se le llama por su nombre, traiciones que son poco explicadas por los medios, las columnas y, mucho menos, por las encuestas; luego nos llamamos sorprendidos.

II. La traición, por cierto, se llama el libro escrito por Manuel S. Garrido, chileno de nacimiento y mexicano por naturalización, escrito tras una larga conversación donde Roberto Madrazo Pintado expuso lo que a su consideración fue una estrategia para evitarle llegar a la Presidencia de la República en 2006.

La maniobra fue orquestada por los exgobernadores Eduardo Bours, de Sonora; José Reyes Baeza, de Chihuahua; Humberto Moreira, de Coahuila; José Natividad González Parás, de Nuevo León; Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas y, por supuesto, el sobrino del precandidato al que el propio Madrazo descarriló: Enrique Peña Nieto, además de Mario Marín Torres, de Puebla; Miguel Ángel Osorio Chong y hasta quien fuera su amigo, Ulises Ruiz.

Junto con el llamado Tucom (Todos Unidos contra Madrazo), Elba Esther Gordillo habría sido la directora de aquel golpe que finalmente terminó con una lapidaria frase publicitaria que acabó con el tabasqueño: “¿Tú le crees a Madrazo? Yo tampoco”.

Hubo otros gobernadores inmiscuidos. Félix González Canto, de Quintana Roo, y Fidel Herrera Beltrán, de Veracruz, entre ellos.

III. En los últimos 12 años sólo dos gobernadores priístas no terminaron su mandato: Gustavo Alberto Vázquez Montes, quien murió en un accidente aéreo cuando viajaba del aeropuerto de Toluca hacia la capital del estado que gobernó: Colima. El otro fue Humberto Moreira, al dejar el Ejecutivo de Coahuila por la presidencia del PRI nacional.

Atrás quedaron los años del autoritarismo priísta desde la Presidencia de la República, cuando los primeros mandatarios cobraban con la renuncia las deslealtades, sobre todo a los gobernadores que no eran de su grupo, a cambio de no llevarlos a la cárcel como le ocurrió a Mario Villanueva Madrid.

La mayoría de los gobernadores mencionados arriba hicieron y deshicieron en sus estados sin ser molestados por el jefe del Ejecutivo federal ajeno a su partido, como pago a su tarea y supieron vender muy bien sus servicios a sus correligionarios, para alimentar a la aún fuerte estructura política que es el PRI. Desfondaron las finanzas estatales y las repartieron a cambio de impunidad.

Hoy los sucesores de varios de aquellos gobernadores lo saben, conocen bien el camino. Su deslealtad al candidato del PRI puede otorgarles dividendos como un libre manejo de las finanzas públicas de sus estados para convertirse en hipermillonarios en sólo seis años y contar con una garantía de impunidad que quizá Peña Nieto les incumpla.

IV. La prensa oficialista de los gobernadores en varios estados reacomoda sus posiciones. Al realizar una lectura a profundidad en varios de ellos, comienzan a tomar distancia del candidato presidencial del PRI y cobijan a los suyos. Van por sus triunfos, que no son los del Partido Revolucionario Institucional y menos el de Peña Nieto.

Comienzan a salir filtraciones amarradas con testigos protegidos, las cuales no han corrido precisamente desde el gobierno federal ni de sus instituciones policiales. Los cercanos a Peña Nieto y algunos gobernadores comienzan a ocupar las portadas de algunos medios: “El Lanal de Panamá” con los hermanos Osorio Chong o “Lagos de Veracruz”, son sólo algunos de ellos. Y vendrán más.

Los gobernadores también elegirán: Por un lado el triunfo de Peña Nieto a cambio de la incertidumbre de un PRI que no pierde su esencia o el triunfo opositor a cambio de las prebendas que da la traición. Como en 2006 puede repetirse la historia. Ganarían los candidatos locales, perdería el nacional. Recordemos las cifras de 2006.

 

 

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