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Reprueban al IFE en materia de género

Forum en Línea 242

                                                                                                                                                                        Del 16 al 31 de mayo de 2012

 

 

Reprueban al IFE en materia de género

 

Laura Islas / Notiese

Twitter: @AgenciaNotieSe   Facebook: Agencia NotieSe

 

La denuncia emitida por el Consejo Ciudadano por la Equidad de Género de los Medios de Comunicación, donde se exige al Instituto Federal Electoral (IFE) una reparación del daño causado en el pasado debate presidencial por la presencia de la edecán Julia Orayen, cuyo manejo de imagen implicó un “grave retroceso para todas las mujeres porque en sólo 24 segundos se anularon los derechos políticos y sociales conquistados en más de 100 años de lucha”, ha sido firmada por 44 organizaciones civiles y 144 personas.

“¿Para qué votar y ser candidatas si nuestro único valor se reduce al uso de nuestro cuerpo? ¿Para qué estudiar o trabajar si, al final, sólo nos toman en cuenta por nuestros atributos físicos? ¿De qué sirven nuestros niveles de preparación o nuestra experiencia política si al final todo será derrumbado por curvas voluptuosas y escotes prolongados? ¿Cómo ejercer nuestros derechos si al final somos carne de consumo mediático?”. Las anteriores fueron las preguntas que quedaron a la audiencia que vio el debate y evidenciadas en las publicaciones posteriores a el, señaló Lurdes Barbosa, presidenta de Mujeres en Frecuencia.

La activista expuso en conferencia de prensa, el 9 de mayo, que la difusión de la imagen de la edecán en el debate ocurrido el pasado domingo no fue un incidente que pueda quedar en una disculpa, porque “las mujeres nos volvemos a convertir en objetos de adorno”, por lo que el órgano electoral no debe quedar eximido de su responsabilidad en la práctica y reproducción de la violencia contra las mujeres.

Señaló que el retroceso es “grave y alarmante” puesto que las mujeres al conformar 53 por ciento de la población total del país y 51.8 por ciento del padrón electoral, son las que han decidido los dos últimos procesos electorales. “¿Cómo es posible que este órgano encargado de la política electoral, sea el que esté promoviendo esta imagen?”

La comunicadora condenó que ninguno de los candidatos presidenciales –Andrés Manuel López Obrador, postulado por la coalición Movimiento Progresista; Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional; Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional; y Gabriel Quadri, del Partido Nueva Alianza– se hayan manifestado al respecto, “lo cual para la propia candidata significa una ofensa”.

Apuntó que además de violar la Constitución al utilizar el cuerpo de una mujer como estrategia mediática, el IFE también pasó por alto la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres, la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y los tratados internacionales de la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem Do Pará”, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la propia Carta Universal de los Derechos Humanos.

La comunicadora indicó que México estaría reprobado según la Organización de Estados Americanos, que evalúa a un país por la participación política de sus mujeres, quienes según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) son las que solventan 75 por ciento de los hogares, por lo que exigen más espacios, además de conocer las propuestas que tienen para ellas los cuatro candidatos.

Entre las propuestas para que el IFE repare el “efecto discriminatorio de su estrategia sexista mediática”, las activistas señalaron la organización de un nuevo debate dedicado exclusivamente al tema de política de género donde el propio organismo exponga sus acciones para promover la cultura democrática de la equidad, la contratación de un equipo de producción certificado en género, así como la creación de una comisión editorial ciudadana para asesorar y supervisar los contenidos de sus acciones y serán enviadas para su cumplimiento al Instituto Nacional de las Mujeres, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a la Cámara de Diputados y al Senado.

Cabe señalar que el Consejo Ciudadano por la Equidad de Género, envió dos misivas con estas propuestas a Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del IFE, y a Hilda Téllez Lino, directora general del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, donde se exponen los artículos violentados y se pide la reversión del hecho, además de la firma de un compromiso que evite cualquier forma de sexismo en actividades futuras.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran: Modemmujer; Red Feminista de Comunicación Electrónica; Género, Ética y Salud Sexual AC (Monterrey); Consorcio por la Equidad y el Diálogo Parlamentario (Oaxaca); Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas; Red Nacional de Género y Economía y Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos.

La polémica comenzó durante el debate organizado el 6 de mayo por el Consejo General del IFE, después de la difusión de la imagen de la edecán Julia Orayen, en el que participaron los cuatro candidatos a la Presidencia de la República.

 

 

 

 

 

Sexismo en el IFE

 

Sara Lovera / Palabra de Antígona

saralovera@yahoo.com.mx

 

Desde los tiempos de Izcoátl, que muere en 1440, según fuentes de la historia nacional, los aztecas demandan doncellas nobles de las  ciudades que dominaban para que amenizaran sus fiestas y solemnidades, se diría para sus ceremonias político-religiosas.

Así nos cuenta  Enriqueta Tuñón en el primer volumen de El álbum de la mujer editado en 1991 por el Instituto Nacional de Antropología y añade que en los pueblos dominados “las mujeres dejaron de ser piezas clave del gran tablero político y se transformaron en objetos de lujo palaciego”.

Este apartado de su libro denominado Participación de las mujeres en la sociedad prehispánica, también señala que las mujeres eran una pieza de intercambio para mantener la paz, como eso, “floreros y adornos” pero sujetas al control directo de los señores. Guardadas para el placer de quienes mandan.

El relato de Tuñón, una historiadora feminista sustantiva, es tan actual que parece que estamos leyendo, no la historia prehispánica, sino la crónica de hechos del 6 de mayo en que apareció una edecán con los pechos al aire, sin duda simpática, vestida de blanco como las sacerdotisas de la historia que nos relata Tuñón. Ahí, como algo para distraer, de imagen refulgente en la escena ceremonial del primer debate entre quienes aspiran a la Presidencia de la República.

Esta noticia fue a dar, como única sobre dicho debate, al New York Times del lunes siguiente y ha generado toda clase de comentarios en las redes sociales, fotografías en la red e historia de Julia Orayen, modelo profesional cuyo éxito principal ha sido aparecer en la revista Playboy hace algunos años. Entrevistada por la televisión y la radio, dijo que ella escogió su ropa, ese vestido blanco con un escote prolongado en el pecho.

Increíble resulta que las cuatro personas que ostentan las candidaturas, donde pensamos cualquiera será quien dirija los destinos del país, admitieron sin chistar la aparición de esta mujer sexuada y bella, que funcionó como ornamento en ese escenario y mostró hasta que grado se mantiene el lugar de las mujeres en el pensamiento de los hombres, especialmente los organizadores del debate: adorno, exaltando de las mujeres lo que califican y viven como belleza, no su cabeza.

Increíble en pleno siglo XXI. La reacción del feminismo organizado, como en aquellos tiempos donde protestaban en las calles por los concursos de Miss Universo no se hizo esperar, como tampoco opiniones diversas que van desde  Héctor de Mauleón, subdirector de la revista Nexos –de intelectuales– quien piensa que todo es natural y que sólo las personas santurronas  se asustan del cuerpo. Y, por su parte,  el jefe de redacción de la revista Letras Libres –de cultura y profunda– Ricardo Cayuela Gally, opinó que se hizo evidente el atraso y  el machismo mexicano.

Lo grave es que modernizadores como son los que hacen Nexos, ni cuenta se dan, y les ha pasado de noche la historia reciente de México y el mundo sobre la condición femenina. Ni hablar.

Y qué ridícula resultó la reacción del Instituto Federal Electoral, encargado de la producción del debate, pidiendo disculpas por esta “inconveniencia”, que revela cuán poco hemos avanzado en lo que se llama cultura de género, avance de las mujeres, políticas de transversalidad y en pocas palabras en respeto y consideración de la valía femenina. ¿No es el colmo de la misoginia inconsciente? la exhibición de un cierto IFE… rústico y primario… escribió una brillante periodista en las redes sociales. Y ese trasfondo vergonzante: “los debates son entre hombres… y los ven los hombres, como si se tratara de anuncios de cerveza”.

Por eso tal vez, organizaciones feministas, civiles, académicas, mujeres y ciudadanía en general han declarado que sancionan al IFE por el uso sexista de la imagen de la mujer durante el debate presidencial y piden reparación del daño para las mexicanas. El hecho se ha vivido, sin duda, como un contra sentido profundo de las llamadas políticas para el avance de las mujeres y ha evidenciado hasta dónde puede repetirse un deseo, el de la igualdad entre los géneros, sin contenido alguno.

El IFE ¿se han dado cuenta? tiene un conjunto de  spots publicitarios promoviendo el voto, donde pone a hombres y mujeres en igualdad, equitativamente, llamando a cumplir y hacer cumplir sus derechos ciudadanos en esta contienda. Todos los spots incluyen a un hombre y a una mujer, incluso existe uno que directamente señala la importancia de ejercer y respetar los derechos femeninos, sin embargo, la pifia del domingo, es fenomenal. Ha quitado caretas, mentiras, demagogias.

Lo que duele es la cantidad de recursos invertidos por instituciones de promoción de los derechos de las mujeres, que evidentemente ni tienen poder ni influencia, y nada más simulan políticas gubernamentales del todo ineficaces y demagógicas.

Por ejemplo, deseable sería un gobierno comprometido realmente con la democracia y la igualdad entre hombres y mujeres, capaz de ir al fondo y promover acciones profundas y reales para el avance de las mujeres.

Lo del IFE es dramático, fue ahí donde se convalidó que los partidos políticos durante varios años no cumplieran con la ley, ni en el caso de las cuotas femeninas de participación política y les dejó hacer y pasar. Igual permitió que las élites de los partidos políticos no dispongan de recursos para el liderazgo de las mujeres, a pesar de que es mandato etiquetar el 2 por ciento de sus prerrogativas de ley. Por ejemplo, 21 millones de pesos para uno de los grandes partidos. Se quedaban con el dinero, ahora lo administra el IFE, como se dice, la iglesia en manos de Lutero.

Los comentarios de los dirigentes, sobre lo sucedido el domingo, son débiles. Ahora los grupos de mujeres, como sucede siempre, protestarán, pedirán que se cumpla la ley, que se repare el daño, como dice la Constitución y ya le están recordando a los sujetos del poder que la Constitución incluyó en su contenido los derechos humanos, los acuerdos internacionales que obligan a evitar la discriminación y la violencia contra las mujeres.

En un país de impunidad, donde no existe la justicia para las mujeres, y tampoco para los hombres, sustentada en una política de Estado violenta; en un país donde no hay reacción a la ilegalidad o irregularidad de organismos públicos y privados, sociales o civiles; en donde el desprecio a la vida se expresa en 50 millones de pobres, en el que todo se vende, se manipula, se usa, casi nada podemos esperar. Lo importante es que no nos silencien, lo básico es defender nuestra libertad de expresión y el derecho constitucional a protestar, según dice el artículo noveno. No todo está perdido.

 

“No puedo creer lo de la edecán que contrataron para el debate… ya sé que es patético y ofensivo, pero me dio un ataque de risa… ¿No es el colmo de la misoginia inconsciente? la exhibición de un cierto IFE… rústico y primario… en el que ni siquiera han aprendido el mínimo indispensable de “lo políticamente correcto”… Y ese trasfondo vergonzante: “los debates son entre hombres… y los ven los hombres (como los anuncios de cerveza) y a los hombres lo que les interesa… son los escotes”… Pero ¿qué idea tienen esos señores de las mujeres y los hombres mexicanos? ¿Se inspirarían en Brozo? ¿Los asesoró la Tecate?”

 

 

 

Mujeres de Atenco exigen castigo a Peña

Anayeli García Martínez / CIMAC

prensaycomunicacioncimac@gmail.com
Las mujeres víctimas de abuso sexual durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, advirtieron que si Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, llega a la Presidencia se instaurará una política de represión.

En conferencia de prensa, Italia Méndez y Edith Rosales, dos de las 11 víctimas que a seis años de los hechos continúan con su denuncia –la cual incluso ya fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–, afirmaron que si el candidato presidencial de los partidos  Revolucionario Institucional y Verde Ecologista gana las elecciones del próximo 1 de julio significaría “más autoritarismo, mano dura y represión”.

Las sobrevivientes de tortura sexual recordaron, el 3 de mayo, que durante los operativos en el estado de México, el ahora candidato presidencial fue quien ordenó la incursión policial en la que 47 mujeres fueron abusadas sexualmente Y 11 de ellas continúan su denuncia.

En opinión de Rosales, Peña Nieto ha hecho hasta lo imposible por ganar la Presidencia reprimiendo movimientos sociales de quienes se oponen a los proyectos de Estado que lejos de beneficiar a la sociedad responden al poder y a la burguesía, como fue el caso de Atenco, donde se pretendió construir un aeropuerto.

Italia Méndez dijo que llevan seis años luchando contra la impunidad y evidenciando los nombres de los responsables de la represión, quienes lejos de ser investigados y sancionados fueron premiados con cargos públicos, y en el caso de Peña Nieto con la candidatura presidencial.

Cabe recordar que Eduardo Medina Mora, quien en 2006 era secretario de Seguridad Pública federal, un año después fue nombrado titular de la Procuraduría General de la República; o bien Ardelio Vargas Fosado, que dirigió a la Policía Federal Preventiva y ahora es secretario de Seguridad Pública en el estado de Puebla.

En 2006 las denunciantes acudieron ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (entonces Fevim), la cual el 13 de julio de 2009 ya como Fevimtra cedió las investigaciones al fuero común.

En abril de 2008 el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentaron el caso ante la CIDH, que finalmente lo aceptó el 2 de noviembre de 2011 y ahora estudia las violaciones a la integridad, libertad, acceso a la justicia, igualdad y no discriminación cometidas contra las mujeres.

De acuerdo con Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –organización que lleva el caso–, en la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM) la investigación sigue “congelada”, es decir sin avances a pesar de estar abierta.

En su momento, la PGJEM sólo consignó a dos policías que después fueron absueltos. El primero fue sentenciado en mayo de 2008 por “actos libidinosos”, aunque la denunciante lo acusó de obligarla a realizarle sexo oral. El segundo fue acusado de tortura, pero se juzgó por abuso de autoridad.

La abogada dijo que en este proceso electoral no se puede olvidar el significado de la represión de Atenco y las propuestas que cada candidato presenta.

La antropóloga Rosalva Aída, quien tiene un amplio trabajo académico sobre tortura sexual, señaló que votar por el abanderado de la coalición Compromiso por México es igual a decir que a la sociedad no le importa que se viole sexualmente a las mujeres.

En junio de 2006, a través de sus declaraciones en los medios, Peña Nieto puso en duda las denuncias de las mujeres al afirmar: “También es conocido que los manuales de los grupos radicales dicen que hay que declararse violadas, en el caso de las mujeres, y en el de los hombres haber sido objeto de abuso y maltrato”.

En el acto las denunciantes presentaron el libro Atenco: 6 años de impunidad, 6 años de resistencia, cuyo objetivo es contribuir a la construcción de la memoria. Más tarde se realizó un plantón en la explanada del Palacio de Bellas Artes como recordatorio de los trágicos hechos.

 

 

 

Auxiliar de JVM maltrata a reportera

 

Redacción / Cepet

forocepet@utlists.utexas.edu   libex@cepet.org

 

La periodista Karina Avilés, quien se desempeña como reportera en el periódico La Jornada, fue víctima de agresiones verbales y maltrato por parte de una integrante del área de comunicación de la candidata panista a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota.

De acuerdo con la información publicada en el diario que se edita en la ciudad de México, los hechos ocurrieron poco después de las 23:00 horas del domingo 6 de mayo, al finalizar el mensaje que Vázquez Mota emitió frente a un establecimiento comercial.

En ese momento, una de las integrantes (no identificada) del área de comunicación ofreció trasladar a los reporteros en su automóvil al lugar donde la candidata del Partido Acción Nacional (partido en el gobierno) festejaría su presunto triunfo en el debate realizado horas antes entre los cuatro candidatos a la Presidencia.

“En el camino (la integrante del equipo panista) preguntó a Karina Avilés de qué medio era. Cuando supo que iba por La Jornada le dijo bájate y agregó: Vete con la gente de (Enrique) Peña Nieto (candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI), porque ellos sí tratan bien a los reporteros, si no pregúntales por el maletín de 300 mil pesos que llevan en cada gira”, relata la nota.

La agresora detuvo bruscamente su automóvil y dejó a la reportera en calles de la residencial colonia Nápoles, sin considerar el riesgo al que la periodista se pudiera ver expuesta a esa hora de la noche.

La coordinadora del área de comunicación de la abanderada panista está a cargo de la licenciada en ciencias de la comunicación Irma Pía González Luna Corvera, quien fue directora del Canal 22, dependiente del gobierno federal y se desempeñó como directora general de Relaciones Interinstitucionales dentro de la Coordinación General de Comunicación Social de Presidencia de la Republica durante el sexenio de Vicente Fox.

El maltrato y agresión verbal contra la reportera mereció la editorial de la edición del 8 de mayo de La Jornada, en la que el medio señala que éste no es un episodio aislado de parte de funcionarios panistas en contra de sus colaboradores.

“En fecha reciente, este diario decidió retirar a la reportera Claudia Herrera Beltrán de la cobertura de la fuente presidencial debido a la hostilidad regular y los malos tratos verbales de que estaba siendo objeto por personal adscrito a la Presidencia (de la República)”, indica la editorial, por lo que descarta que el “atropello” contra Karina Avilés sea producto de la iniciativa de una empleada.

“Los funcionarios de las dependencias gubernamentales y de los aparatos partidistas suelen conducirse con base en órdenes –o, cuando menos, lineamientos– superiores. Por lo demás, entre el hostigamiento experimentado por Claudia Herrera Beltrán en la fuente de Los Pinos y la agresión verbal sufrida antenoche por Karina Avilés hay un denominador común: la filiación política de quien detenta la Presidencia de la República y de la aspirante oficialista a sucederlo en el cargo”, señala.

Por otra parte, agrega, las áreas de prensa y de comunicación de las dependencias oficiales, e incluso las de partidos y de campañas, operan con recursos públicos –es decir, con dinero de todos– y que es por demás impropio proceder, en esas instancias, con base en fobias ideológicas, animadversiones personales o criterios patrimonialistas que no sólo ofenden al oficio informativo sino también a las más básicas maneras republicanas.

“La Jornada se ha empeñado en llevar a cabo una cobertura equilibrada y veraz de las diversas instancias del poder público, con independencia del origen partidista de quienes las encabezan, y de las campañas electorales en curso de todas las formaciones políticas con registro, y ha encontrado, en casi todas las circunstancias, y de casi todos los actores, un trato respetuoso. Las muestras de hostilidad referidas se circunscriben a funcionarios y candidatos afiliados a Acción Nacional.

“En consecuencia, esta casa editorial demanda a funcionarios y aspirantes a cargos de representación popular procedentes de ese partido (el PAN) un trato respetuoso e institucional para nuestros colaboradores”, finaliza la editorial.

El Centro de Periodismo y Ética Pública lamenta las expresiones de la integrante del equipo de campaña de la candidata panista, así como la inacción en este caso de la coordinadora del equipo de comunicación, Irma Pía González Luna Corvera, ya que ello no contribuye a crear un clima de libertad ni de libre expresión.

 

 

 

Un gran paso para parejas del mismo sexo

 

Yared de la Rosa Leonardo Bastida Aguilar / Notiese

notiese@notiese.org

 

Como un “gran paso” calificaron defensores de los derechos sexuales y reproductivos la aprobación por parte de la Cámara de Diputados al dictamen de modificación a las leyes del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que los cónyuges de parejas del mismo sexo sean beneficiados con seguridad social.

Consultados por esta agencia, integrantes de diversas organizaciones civiles se pronunciaron al respecto.

Gloria Careaga, cosecretaria general de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, aseguró que esta iniciativa “deja protegido a un sector importante de la población”; sin embargo, aseguró que “aún falta que esta protección se extienda a todos los servicios públicos de salud como serían los servicios prestados por instituciones como las fuerzas Armadas o Petróleos Mexicanos”.

Consideró que la discusión en la Cámara de Diputados fue “bastante accidentada” ya que desde el viernes 27 la propuesta fue discutida por los legisladores, pero por falta de quórum la sesión fue suspendida y pasada para el 30 de abril.

Por su parte, Judith Vázquez, integrante de Acción Ciudadana de Construcción Nacional, aplaudió el dictamen que establece la posibilidad de acceso a prestaciones de seguridad social a los matrimonios entre personas del mismo sexo, “celebramos la actitud de nuestros compañeros diputados y celebramos que la voluntad política de algunos partidos de este país vaya en sentido de construir un país de igualdad y sin discriminación”.

Señaló que la aprobación significa un “paso adelante” en los derechos de las personas no heterosexuales, pero que ya debía ser entendida debido a que en las leyes del ISSSTE e IMSS no existe alguna negativa que denegue el servicio a los conyugues de los homosexuales “y eso está demostrado por los amparos que se han ganado en la materia”.

Así mismo, la activista espera que en el próximo periodo de sesiones, el cual iniciará el 1 de septiembre, el Senado de la República apruebe “sin ningún pretexto más” el dictamen que desde el 9 de noviembre del 2010 fue aceptado por primera vez por la Cámara de Diputados.

Debido a que la Cámara de Diputados ha regresado, por segunda ocasión la reforma con algunos cambios a la Cámara de Senadores, Antonio Marquet, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, señaló que este proceso es “discriminatorio” para la población LGBTI y las parejas del mismo sexo ya que “esto tendría que ser automático”.

En tanto, Felipe Nájera, actor y defensor de los derechos de las parejas no heterosexuales en la Asociación Nacional de Actores, resaltó la importancia de este avance legislativo, ya que uno de los principales argumentos de la ANDA para negar el derecho a brindar seguridad social a integrantes de parejas del mismo sexo era que las leyes del ISSSTE y el IMSS no contemplaban este tipo de uniones.

Para el impulsor del stand up comedy en México, si bien hace falta continuar el debate en la Cámara de Senadores, es un paso importante porque en las discusiones en la Cámara de Diputados se comprobó que el argumento, propuesto por el Partido Acción Nacional, de que era muy costoso brindar seguridad social a este tipo de parejas es falso ya que “ahí están las cotizaciones de las personas trabajadoras sin importar su preferencia sexual”, por lo que esta tampoco debe importar para recibir los beneficios de la seguridad social.

Alonso Hernandez, miembro del comité organizador de la XXXIV Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) de la ciudad de México, comentó que está a favor de la iniciativa porque indica que todas las parejas formadas por parejas del mismo sexo (Sociedad de Convivencia, Pacto Civil de Solidaridad y Matrimonio Igualitario) están protegidas y tienen derecho a la seguridad social.

El músico y defensor de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, Horacio Franco, indicó que los alcances sociales de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal y el Pacto Civil de Solidaridad en Coahuila, son motivo suficiente para convertirlos en leyes en todo el país.

El flautista mencionó que las leyes estatales son “muy discriminatorias” para los derechos de las parejas del mismo sexo aunque consideró que esta iniciativa de reforma es “un gran paso” que sólo los “gobiernos liberales van a ser capaces de reconocer”.

Por su parte, a través de un comunicado de prensa, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señaló que para hacer efectiva la garantía de acceso de los matrimonios del mismo sexo a este derecho, no era indispensable la reforma a estas leyes para que se cumpla con esta obligación legal, tal y como lo manifestó el organismo en su resolución por disposición 02/2012 con motivo de los múltiples procesos promovidos por supuesta vulneración a este derecho a matrimonios del mismo sexo, aunque consideró necesaria una armonización legislativa al respecto.

Desde el viernes 27 la propuesta de la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Enoé Uranga Muñoz, fue discutida por los diputados federales, pero ante la falta de quórum la sesión tuvo que ser suspendida y pasada para 30 de abril. Con 252 votos a favor, 80 en contra y 15 abstenciones fue aprobada y devuelta al Senado de la República para los efectos constitucionales.

 

 

 

La batalla de los militares con VIH/sida

 

* Entrevista con Pedro Morales Aché, experto en la defensa de militares con VIH/sida

 

Alejandro Brito / Notiese

Twitter: @AgenciaNotieSe   Facebook: Agencia NotieSe   Facebook: Alejandro Brito

 

En entrevista, el abogado Pedro Morales Aché hace un recuento de la defensa que ha llevado en materia de derechos humanos de integrantes de las fuerzas armadas. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una serie de recomendaciones al Estado mexicano a propósito de la violación de derechos a militares con VIH.

Todo parecía indicar que la discriminación al interior de las fuerzas armadas por padecer VIH era un problema superado a raíz de la histórica sentencia que en 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó a favor de los derechos fundamentales de militares con VIH, pero a decir del abogado Pedro Morales Aché, quien realizó la defensa de los casos, la discriminación persiste.

En su larga defensa de los militares dados de baja del Ejército por ese motivo, el abogado Morales Aché se apuntó, recientemente, otra victoria. La CIDH resolvió, hace unas semanas, a favor de dos integrantes de las fuerzas armadas discriminados por tener el virus. Los expedientes de estos soldados llegaron hasta ese organismo internacional luego de agotar las instancias nacionales y de obtener dos sentencias adversas dictadas por un mismo tribunal, a pesar de aquel fallo histórico de la SCJN.

El proceso fue extenuante, tomó 14 y 10 años de litigio desde que los dos reclutas fueron expulsados en 1998 y 2002, respectivamente. El logro no es menor, además de la reinstalación de los militares en sus puestos y de repararles el daño ocasionado, la CIDH recomienda al Estado mexicano reformar la ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) –donde se sustenta el retiro obligado por inutilidad de los militares seropositivos al VIH–, como garantía de la no repetición de los actos discriminatorios.

A pesar de ello, Morales Aché no se muestra tan optimista. En entrevista con Letra S se pregunta si ha servido de algo la discusión que se ha dado en 15 años de litigio estratégico sobre el tema, en donde tal parece que luego de girar en redondo se ha regresado al punto de partida.

El abogado, director de Medilex, Consultoría Médico Legal, inició en 1997 el litigio en tribunales a través de arduos y prolongados procesos; 10 años después, con el fallo de la SCJN la querella alcanza el clímax; pero al año siguiente, la sentencia de la Corte genera, a su vez, reformas regresivas a la ley del ISSFAM, a iniciativa del Ejecutivo federal, para justificar la baja del personal castrense con VIH; finalmente, esta reforma inconstitucional es validada por la Segunda Sala de la propia Corte que dicta sentencias desfavorables a los derechos fundamentales de los milicianos demandantes. “La misma Corte está vacilando entre criterios garantistas a favor de los militares seropositivos y criterios totalmente retrógrados”, cuestiona el abogado defensor.

Militares violan derechos de militares

 Aunque las recomendaciones de la CIDH carecen de carácter vinculante, fueron finalmente admitidas por el Estado mexicano. A decir del abogado litigante, “el Estado optó por hacer un control de daños y dar cumplimiento” a las resoluciones de ese organismo internacional.

La parte relevante del compromiso asumido por el Estado, según explica es que, además de la reparación del daño a los dos militares afectados, “se adoptaron soluciones de carácter estructural para detener la violación de los derechos humanos de las personas seropositivas al interior de las Fuerzas Armadas”. Y una de esas soluciones estructurales sería la reforma a la Ley del ISSFAM.

Morales Aché subraya otro hecho importante que se desprende del Informe de Fondo elaborado por la Comisión Interamericana sobre estos casos, se trata de “la primera vez que el Ejército es considerado responsable por violar derechos humanos de los propios militares. En otros casos que han llegado al Sistema Interamericano las víctimas han sido civiles, aquí las víctimas de los actos violatorios del Ejército son militares, y esa es una diferencia cualitativa fundamental”.

Resaltado lo anterior, se pregunta “¿cómo es posible que se le pida a los militares en campaña contra el narcotráfico y contra la violencia, que respeten los derechos humanos de la población civil, cuando el propio Ejército no respeta los derechos humanos de sus integrantes?”. Esa misma falta de respeto propicia que los integrantes del Ejército no se consideren a sí mismos como sujetos de derechos. Y “cuando una persona no se concibe como titular de derechos, difícilmente va a concebir al otro como titular de derechos fundamentales”, concluye su razonamiento el abogado entrevistado.

Superar el enfoque clientelar

Por otro lado, nuestro entrevistado se queja de la falta de acompañamiento a su persistente labor de defensa de los derechos fundamentales de los militares con VIH, la vive en una “especie de soledad donde pareciera ser que a nadie más le interesa el tema”, como si socialmente el problema no existiera. Y reclama un mayor involucramiento de la sociedad civil en la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos.

En particular critica lo que le parece una evidente contradicción: “Discursivamente todas las organizaciones no gubernamentales sostienen que las personas afectadas por el VIH son titulares de todos los derechos humanos y casi, casi los plantean con carácter absoluto, pero tampoco hacen mucha labor para verificar que este respeto se esté dando en la práctica”. Y a esta inoperancia de las ONG le suma la gran inoperancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “una instancia totalmente obsoleta”, y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que se ha mostrado “totalmente inoperante” en la defensa y prevención de discriminaciones.

No es fácil vigilar al Ejército, le argumentamos, a lo que nos responde que no se trata de vigilarlo en cuestiones estratégicas de seguridad nacional, sino en el cumplimiento de los estándares de los derechos humanos. Y reitera, “tenemos que trabajar con un discurso dirigido a todas aquellas personas que potencialmente puedan ser positivas al VIH” y no solo “para aquellas personas que ya entraron a lo que llamo el circuito del VIH”, que son las únicas que acceden a los servicios asistenciales, de apoyo o de asesoría legal disponibles.

El “enfoque clientelar o corporativista” que asumen discursivamente y en la práctica las organizaciones civiles es otro de los obstáculos identificados por Morales Aché que “también debe ser cuestionado” para lograr una defensa integral de los derechos fundamentales de todas las personas con VIH.

 

 

 

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Esta entrada fue publicada el 18 de mayo de 2012 por en ELECCIONES 2012.

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